A inicios de año el congresista Miguel Ciccia Vásquez, de la bancada Renovación Popular, presentó el Proyecto de Ley 3954 – “Ley del Desarrollo Agrario Inclusivo”. La iniciativa ha generado discusión en organizaciones agrarias y de sociedad civil, ya que propone la “modernización” del sector agrario a través de la imposición de un modelo agroexportador.
La norma abarca diversos temas vinculados al sector agrario como la propiedad y tenencia de la tierra; agua y seguridad hídrica; transformación productiva, investigación, promoción y financiamiento; desarrollo de mercados; disposiciones tributarias y laborales. Además de plantear una nueva reforma del Ministerio de Agricultura y Riego – MIDAGRI.
Entre las organizaciones que han realizado análisis a la norma se encuentran la Convención Nacional del Agro Peruano – CONVEAGRO, el Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES y el Instituto del Bien Común, todos miembros de la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra. Reunidos en una edición del “Martes Agrario”, organizado por CONVEAGRO, los especialistas profundizaron en los aspectos de la norma.
¿REPLICAR EL “MILAGRO PERUANO”?
Un tema clave en la iniciativa legislativa es el llamado a la modernización del sector agrario a todo nivel, que apunta a replicar el “milagro peruano” de la agroexportación en la pequeña agricultura. Con el argumento de que se ha multiplicado la producción y sin un diagnóstico claro de los factores que afectan al sector, se pretende promover la pequeña agricultura planteando medidas que beneficiarían a la mediana y gran empresa.
Para Luis Hallazi, abogado y facilitador de la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, la iniciativa tiene un sesgo retórico en varios artículos propuestos al pretender abarcar diversos aspectos de los problemas del agro peruano, por otro lado plantea cambios que pueden generar vulneraciones de derechos e incluso caer en inconstitucionales, finalmente lo sustantivo de la propuesta se reduce en proponer un esquema de promoción y búsqueda de beneficios tributarios y de financiamiento que no se sabe si esto beneficiará a los pequeños productores agrícolas o a las mediana y gran empresa.
“Lo que se está planteando es cómo realizar la modernización bajo modalidad de agricultura de contrato: empresas medianas y grandes que establecen contratos con pequeños productores”, explica Fernando Eguren, presidente de CEPES, quien participó del Martes Agrario. El especialista cuestiona “el argumento falaz de que como la agroexportación ha crecido 20 veces en valor se puede hacer en conjunto del agro”.
A fines de 2020 trabajadores de la agroexportación realizaron protestas masivas por abusos laborales.
Otros factores preocupantes de este modelo son el uso intensivo de insumos industriales y la imposición de monocultivos que pondrían en riesgo la sostenibilidad del territorio. Lucila Quispealaya, dirigenta de Conveagro en Junín, participante también del Martes Agrario , apunta a los problemas que ha traído la agricultura de exportación para la biodiversidad, “con el monocultivo la diversidad se está perdiendo y se está volviendo estéril la tierra; la agricultura tradicional nos ayuda a mantener la biodiversidad”, explica.
Eguren explica además que el crecimiento de las agroexportaciones se ha debido en gran medida a factores como subsidios del estado, incorporación de nuevas tierras por obras de irrigación, geografía del terreno mayormente plano y con acceso a vías de comunicación y puertos, entre otros.
“Básicamente (la norma) está hecha para un sector, pero no para los pequeños productores, ni para las comunidades campesinas”, señala la dirigenta campesina.
AGRICULTURA FAMILIAR AUSENTE
Los especialistas coinciden en que en la norma está ausente la referencia a la agricultura familiar. Pese a que según datos del Midagri, el 80 % de los alimentos que se consumen en el país proviene de la agricultura familiar. Asimismo, el 97 % de los 2.2 millones de unidades agropecuarias existentes en el país y más del 83% de los trabajadores agrícolas se dedican a la agricultura familiar.
En el proyecto de ley se hace referencia a “pequeños productores agrarios”, definiendo estos como aquellos que no superen las 1700 UIT, es decir, productores con ingresos anuales casi 8.5 millones de soles.
Ante ello, Anaximandro Rojas, presidente de Conveagro, cuestionó esta definición ya que para ellos la definición de “pequeños productores” no se refiere a la cantidad de ingresos generados, sino está relacionado al número de hectáreas que se trabajan.
Por su parte, Lucila Quispealaya recuerda la importancia que ha significado la agricultura familiar para el país en los últimos tiempos, “está demostrado que en época de pandemia la pequeña agricultura ha mantenido al Perú y ha dado de comer”, señala.
Así, la iniciativa legislativa obvia la existencia de la Política Nacional Agraria vinculada a la agricultura familiar y sostenible; que aborda temas como el manejo sostenible de agua y suelos, el desarrollo forestal y de fauna silvestre, la tecnificación de riego, el financiamiento, la innovación, entre otros.
TERRITORIOS COMUNALES EN RIESGO
El foco en la “modernización” del agro es solo uno de los temas que preocupan de la norma. Esta iniciativa propone además que las tierras no estarán sujetas a “limitaciones o restricciones fundados en la extensión de la tenencia o en el modo en el que las tierras son explotadas”, lo que podría generar una reconcentración de la tierra.
Asimismo, establece un Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación a nivel nacional, para otorgar derechos en tierras libres y eriazas de propiedad del Estado. Dicho régimen aplicaría para títulos individuales y comunales; y estaría vigente hasta el 31 de diciembre del 2027. En el caso de titulación individual se habilitaría la titulación a las ocupaciones previas al 31 de diciembre de 2019. Según Hallazi este tipo de cambios normativos suelen ser peligrosos porque la creación de un Régimen Temporal se realiza posteriormente mediante un reglamento de la ley donde se esconden vulneraciones contra las garantías constitucionales del derecho de propiedad.
Asimismo la propuesta establece la exclusión de las tierras de comunidades campesinas y nativas; sin embargo, la brecha de titulación comunal existente podría legitimar procesos de invasión y tráfico de tierras, en territorios que se encuentran sin protección jurídica o en proceso de reconocimiento y titulación, al momento de aplicarse el Régimen Temporal.
Luis Hallazi por su parte señala además que existen contradicciones entre la mirada agrarista de la tierra y la mirada integral del territorio que plantean las comunidades campesinas, nativas y los pueblos indígenas.
Los especialistas y dirigentes cuestionan la propuesta de este nuevo régimen de titulación y su extensión, ya que se han tenido varios proyectos de titulación de tierras con financiamiento nacimiento e internacional – como los PTRT1, PTRT2 y PTRT3- que no han cumplido con cerrar la brecha de reconocimiento de derechos.
NORMA SIN DIAGNÓSTICO
Según Laureano Castillo, Director Ejecutivo de CEPES, la ausencia de un diagnóstico sobre la situación y factores que afectan el sector agrario consiste en sí una falla de la norma. Señala además que la ley deja varios temas abiertos para ser incluidos en el reglamento de la ley y plantea la “derogatoria de todo lo que se opone a esta ley, que podría generar problemas de interpretación”.
Otros problemas identificados se refieren al planteamiento de la norma de incrementar hasta 5% del Producto Bruto Interno para el presupuesto destinado al sector agrario. En 2022 el presupuesto del sector agrario fue de 8 715 millones de soles, es decir, el 0.9% del PBI. Con la aplicación de esta norma se incrementaría hasta S/ 28 131 millones. La iniciativa propone que este incremento se cargue a los recursos del canon de cada región.
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