Cusco, 28 de octubre de 2025. – Con la participación de representantes de comunidades campesinas, autoridades regionales y especialistas en pueblos indígenas y gobernanza territorial, se desarrolló el foro “Minería en territorios de comunidades campesinas del Cusco”, organizado por la Federación Departamental de Campesinos del Cusco (FDCC), la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE), el Instituto del Bien Común (IBC) y la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, con el apoyo de la International Land Coalition – América Latina y el Caribe.
El evento tuvo como objetivo visibilizar la situación actual de los territorios de las comunidades campesinas frente a la expansión minera en el Cusco, y promover el diálogo entre comunidades, autoridades locales y aliados institucionales para fortalecer una agenda territorial campesina con enfoque de derechos. La jornada se realizó en la Sala Tipón del Palacio Municipal del Cusco y contó con la asistencia de más de 40 participantes de distintas provincias de Cusco.
Durante la apertura, Salvador Merma, presidente de la Federación Departamental de Comunidades Campesinas del Cusco, dio la bienvenida a los asistentes y alertó sobre la grave situación que atraviesan las comunidades frente a la minería. “El problema más grande es que nuestros territorios están abandonados, no tienen títulos ni documentación completa y en el caso Espinar lo hemos podido comprobar con el estudio. Además, el Congreso aprobó la ley 32293 permite formalizar propiedades dentro de territorios comunales, debilitando aún más nuestros derechos colectivos. Tenemos que seguir trabajando juntos para hacerle frente a estas amenazas”, afirmó.
El foro contó con tres ponencias centrales. Alejandro Diez, investigador del CISEPA-PUCP, presentó un índice sobre la tenencia de la tierra en el Perú y los desafíos que enfrentan las comunidades campesinas. “Las comunidades viven una fragmentación interna, enfrentan la presión de las actividades extractivas y sufren la insuficiencia del derecho de propiedad frente a las concesiones mineras”, destacó. Asimismo, dentro de lo que expuso como factores asociados con las necesidades de la tierra y las poblaciones, advirtió sobre que “hay un claro retroceso del Estado como aliado de las comunidades. Hoy, muchas leyes vulneran los derechos colectivos” remarcó. También expuso que existe una ausencia de políticas interculturales y falta de reconocimiento efectivo de las comunidades como pueblos indígenas.
Por su parte, Luis Hallazi, coordinador de la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, presentó el análisis de datos complementando con el mapeo de conflictos de comunidades realizado en la provincia de Espinar, donde se enfatizó que el 35% del territorio de comunidades campesinas tienen superposiciones de minería. Mencionó además que el denominado corredor vial minero sur afecta a al menos 37 comunidades campesinas de manera directa, y que en Cusco 24% de tierras comunales están superpuestas a concesiones mineras. Posteriormente se señaló que el 47% del territorio de la provincia de Espinar está concesionado y que solo el proyecto Antapaccay y la expansión Coroccohuayco representan al 35% del territorio de Espinar.
Una de las conclusiones fue mencionar que 90% de las tierras comunales no están georreferenciadas y que este trabajo representaría una muestra para toda la región e incluso para el país, sobre la situación de desigualdad en la seguridad jurídica en la que se encuentran las tierras de las comunidades campesinas. Concluyó, dando recomendaciones para enfrentar esta problemática, como establecer un catastro nacional georreferenciado, ejecutar una campaña de sensibilización sobre la georreferenciación para actualizar los documentos de titulación, suspender el otorgamiento de concesiones mineras sin consulta previa y finalmente instó al Gobierno Regional de Cusco a establecer una mesa de trabajo con las organizaciones indígenas para abordar la problemática territorial.
Finalmente, Pedro Tipula, especialista del Instituto del Bien Común (IBC), presentó los lineamientos para la georreferenciación de comunidades campesinas tituladas, una herramienta esencial para fortalecer la seguridad jurídica de los territorios comunales. “Mientras el país cuenta con catastros mineros y petroleros precisos, aún no existe un catastro completo de comunidades campesinas. La georreferenciación es clave para ubicar los límites reales de los territorios y prevenir superposiciones con concesiones extractivas”, explicó. Por ello destacó la importancia de cerrar brechas con aquellas tierras tituladas, pero de manera precaria hace muchos años. En esa dirección explicó los 5 pasos para georreferenciar comunidades campesinas tituladas.
El foro incluyó un espacio de diálogo participativo donde líderes comunales y autoridades regionales compartieron sus preocupaciones. El ingeniero Lucio Noriega, representante de la Gerencia Regional de Energía y Minas, señaló: “Estamos aquí para aportar y dialogar con las comunidades campesinas en sus requerimientos y necesidades”. Desde las bases, los representantes comunales denunciaron la fragmentación social, la criminalización de los dirigentes y la falta de consulta previa efectiva en la entrega de concesiones mineras.
El evento concluyó reafirmando el compromiso conjunto de las organizaciones convocantes para continuar promoviendo el diálogo y la articulación territorial. La Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra destacó que la producción de datos con la investigación aplicada y espacios de encuentro son esenciales para construir una gobernanza territorial basada en derechos, transparencia y participación comunal. El foro dejó como mensaje que la defensa de la tierra comunal requiere tanto conocimiento técnico como voluntad política para proteger los bienes comunes y garantizar el futuro de las comunidades campesinas.
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