Iniciativa Tierras Comunales: IBC presenta experiencia piloto en las regiones de Áncash y Pasco

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Las organizaciones de la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, se dieron cita el día martes 21 de mayo, para reflexionar en torno a la experiencia de implementación piloto en el marco de la Community Land Co-Learning Initiative, en el marco de la ILC.

Durante el año 2018, el Instituto del Bien Común (IBC) tuvo la oportunidad de ser parte de la Community Land Co-Learning Initiative que fue impulsada por Namati, IIED y que contó además con la participación de cinco organizaciones de África, Asia y América Latina que trabajan a favor de las tierras comunales en cada uno de sus países.

En el marco de esta iniciativa el IBC implementó un proyecto piloto de gobernanza territorial con dos comunidades campesinas en el Perú, la comunidad de Cruz de Mayo en Áncash y la comunidad de Huachón en Pasco. En ambas comunidades se buscó reforzar sus derechos territoriales, mediante la demarcación de sus territorios comunales, además de mejorar la organización territorial interna y la actualización de los estatutos comunales a través de un proceso de reflexión comunal.

La experiencia ha permitido identificar algunos desafíos, como la falta de un sistema de referencia única (PSAD56 v.s WGS84-DRA), la falta de claridad respecto de la implementación de los procesos para aplicar la ley de deslinde y titulación. Y, por otro lado, la superposición de territorios en los registros y la falta de información catastral por parte de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), hace que el desafío sea aún mayor.

Finalmente, entre los principales resultados de la implementación del proyecto, se encuentra la firma de convenios entre los gobiernos regionales y las comunidades, la base de datos con planos y documentos de cada comunidad, así como la sistematización de lecciones aprendidas durante el proceso, que comprende también la memoria histórica de las dos comunidades y el acuerdo para construir una metodología para estatutos comunales que permita establecer un debido proceso, con el fin de mejorar la seguridad territorial de las comunidades campesinas.

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