Por tercer año consecutivo, el 2025 constituye otro año de retrocesos en cuanto a políticas públicas de pueblos indígenas y originarios, comunidades campesinas, nativas, pequeña agricultura y medio ambiente; es más la preocupación para este último año de gobierno ejercer contención para que no haya más regresiones.
El gobierno de Boluarte se ha caracterizado por renunciar al equilibrio de poderes y facilitar un diseño institucional de facto donde el Congreso de la República dirige las políticas de gobierno, en la práctica esto significa que el Ejecutivo se allana a la imposición normativa del Congreso, con leyes no solo a favor de intereses corporativos y particulares sino incluso leyes inconstitucionales, ilegales e ilegitimas. Veamos ejemplos, durante este último año se aprobó laLey N.° 32293, que modifica el artículo 2 de la Ley de Deslinde y Titulación de Tierras de las Comunidades Campesinas, esto significa, abrir las puertas para que todo aquel posesionario en tierras comunales hasta antes de diciembre del 2015 reclame dichas tierras como su propiedad.
En diciembre del 2024 se aprobó la Ley 32301 que modifican la Ley 27692, Ley de APCI, que regula la fiscalización en la cooperación internacional y que ahora será utilizada para debilitar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) planteando, por ejemplo, restricciones al derecho de defensa que realizan en favor de pueblos indígenas; estanorma busca perseguir a organizaciones que no se alineen a lo que el gobierno define como cooperación internacional.
Unos meses después en febrero se aprobó la Ley 32213 que amplía el plazo de seis meses para acceso al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) proceso que viene obstaculizando la persecución de delitos ambientales relacionadas a la minería ilegal. No olvidemos que la minería ilegal está presente en 21 departamentos de los 24 y que gran parte de la minería ilegal se realiza en territorios de comunidades campesinas y nativas, puesto que son propietarias del 33% del territorio nacional. Un reciente estudio identifica a 712 comunidades nativas afectadas por minería ilegal, a esto hay que agregarle el avance del narcotráfico en territorios indígenas de la Amazonia, se han identificado 274 con plantaciones ilícitas, con 25 comunidades nativas en una situación de emergencia debido a la invasión, deforestación y cultivos ilícitos en su territorio.
Un punto en común de estos proyectos es que el Ejecutivo no ejerció control constitucional a dichas normas, es más las impulso, es el caso de proyectos de ley actuales que llegan de congresistas impulsados por intereses opacos, terminan en una comisión, donde se realizan acuerdos que no son transparentes y se aprueba entre gallos y media noche. Es el caso de la reciente aprobación de la Ley N.° 32419, Ley de Amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y Comités de Autodefensa, acusados o investigados por delitos de lesa humanidad, cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980-2000, acto que constituye un claro retroceso a la justicia, especialmente para los pueblos indígenas, puesto que el 75% de víctimas, 70 mil aproximadamente, tenían como lengua materna el quechua u otra lengua nativa (CVR, 2003).
De igual manera, el proyecto de ley denominado Ley Chlimper 2.0, aprobado en segunda votación por el Congreso que descaradamente se anuncia para favorecer a la pequeña agricultura campesina, familiar e indígena, pero que en la práctica el articulado busca beneficiar a la agroindustria y ponerla como modelo a seguir, además de abrir las transacciones privadas del agua, siendo el trasfondo de la norma el beneficio tributario para la agroindustria.
Se encuentra también el proyecto de ley de congresista Flores Ancachi que busca explotar hidrocarburos en Áreas Naturales Protegidas y romper el candado de una política de Estado que ha tenido importantes avances para proteger el patrimonio natural, en esa misma lógica esta el proyecto de congresista Amuruz para perforar las Áreas de Conservación Regional (ACR), imponiendo intereses personales de posesionarios en ACR’s que no miden consecuencias nacionales.
Estos embates al ordenamiento jurídico impactan en la estructura institucional y sectores como el Ministerio de Cultura, ente rector que promueve dichas políticas indígenas, ven debilitada su autoridad; los funcionarios especialistas en la materia son removidos, renuncian o pierden interés y los procesos de reconocimiento de derechos se truncan o quedan en abandono. Esta situación se ve con más claridad en la relación de sectores del ejecutivo con los gobiernos regionales.
Son tres años documentados de un debilitamiento al enfoque intercultural. Además, existe un espiral de violencia sin precedentes en la Amazonía peruana que ha llevado al asesinato de 28 líderes indígenas desde el año 2020 al mes de setiembre del año 2025. En la región andina sigue presente la impunidad ante los hechos violentos que costó la vida de 50 ciudadanos, 80% indígenas, ante la desproporcional reacción del Estado en las protestas cuando asumió el gobierno Dina Boluarte.
Si bien el enfoque intercultural estaba presente en casi toda la estructura institucional y tenía avances graduales gracias a la lucha de los pueblos indígenas; hoy desgraciadamente se desvanecen con las acciones del gobierno nacional y Congreso, constituyendo un serio retroceso en el respeto y la implementación de los derechos de pueblos indígenas originarios del Perú. Por delante solo queda resistir estratégicamente a estos embates y son las organizaciones indígenas representativas de los 55 pueblos, organizados en más de 7,282 comunidades campesinas y 3,003 comunidades nativas, los que tienen que seguir persistiendo en el camino avanzado con la finalidad de seguir interculturalizando la democracia, basadas en el derecho a la autodeterminación de sus propuestas políticas y la autoprotección de sus territorios y vidas.
Luis A. Hallazi Méndez abogado y politólogo investigador en derechos humanos y docente universitario.
Post a comment