Nuestro Trabajo

NUESTRO TRABAJO

Los derechos de tenencia de la tierra no están garantizados para las comunidades campesinas y nativas, ni tampoco para los agricultores y agricultoras, debido principalmente a la falta de formalización de la propiedad. Por ello, la Plataforma promueve acciones que aportan al proceso de formalización y saneamiento de la propiedad rural,  para que se titulen los territorios de los pueblos indígenas. Estamos trabjando junto con cuatro gobiernos regionales para apoyar en la georreferenciación de las comunidades y el armado de los expedientes comunales para el proceso de titulación.

Aún con la titulación de tierras, que sería un gran avance para garantizar la tenencia de los territorios, éstos no están seguros del todo, principalmente por normas contrarias a los acuerdos internacionales de protección a los pueblos indígenas y el cuidado del medio ambiente, como el Convenio 169 de la OIT refrendado por el Perú y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ante un panorma donde los gobiernos facilitan las inversiones en los territorios de pueblos indígenas, la Plataforma desarrolla aciones para denunciar la vulneración de derechos de los pueblos indígenas, exigir la eliminación de normas perjudiciales y elaborar propuestas de políticas públicas que garanticen los derechos territoriales.

En este contexto de promoción de la inversión privada, los procesos de titulación de las comunidades recobra mucha importancia. Para ello, la Plataforma participa en las mesas técnicas consultivas donde se desarrollan dichos procesos, y se asegura que participen las poblaciones involucradas, como los dirigentes y dirigentas de las comunidades nativas y campesinas. Asimismo, pretende colocar en la agenda pública la situación de las comunidades nativas y campesinas, remarcando la necesidad de que sean consultadas en temas de mucho interés y que respeten sus derechos colectivos.

También trabajamos para lograr derechos igualitarios a la tierra para las mujeres. Queremos incidir en el Congreso, junto con ONAMIAP, para que se modifique la Ley de Comunidades Campesinas y se incorpore a las mujeres como actoras con voz y voto en las asambleas comunales, donde se decide el acceso y uso de las tierras y el territorio. Además,  queremos promover cambios en las prácticas de los funcionarios del Estado para que se incorporen a las mujeres en los diferentes espacios de negociación, donde también se tome en cuenta sus opiniones y sus propuestas.

Por otra parte, trabajamos con redes de defensores de derechos humanos para sumar esfuerzos y pedir al Estado que garantice la protección de los y las defensores/ras de la tierra y territorio y se pueda aportar en la elaboración de la propuesta del Plan Nacional de Defensores y Defensoras.