Autoridades comunales y representantes de organizaciones sociales de la región Puno presentaron una serie de demandas sobre la tierra y el territorio, tras reunirse en el Foro Regional de la Tierra que se realizó los días 25 y 26 de octubre en la ciudad de Puno. El evento fue organizado por la Plataforma de Organizaciones de Mujeres Originarias de la región Puno y el Colectivo de Sociedad Civil Puno, y se enmarca en la estrategia de acción de la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra
El documento de demandas fue presentado a la vicegobernadora regional, Margot De La Riva Valle, en la ceremonia de clausura del evento. La autoridad se comprometió a dar seguimiento a las demandas que se recogen en el pronunciamiento frente a la situación de la crisis socioeconómica y climática que atraviesa la región de Puno; especialmente a la creación de la gerencia de pueblos originarios, con enfoque intercultural y respeto a sus usos y costumbres.
Temas como la escasez hídrica, la contaminación de las cabeceras de cuenca, normativa nociva para los territorios de comunidades e inseguridad jurídica fueron recogidos en el pronunciamiento. Asimismo, se hace énfasis en la situación de las mujeres dentro de las comunidades y la falta de garantía de los derechos de los pueblos originarios.
DEMANDAS COMUNALES
Las autoridades comunales y representantes de organizaciones consensuaron once propuestas de acción para asegurar una mejor gobernanza sobre su territorio, frente a la diversidad de problemas identificados. Entre las demandas exigieron una nueva constitución, elaborada a través de una asamblea constituyente con participación y representación de pueblos originarios.
Los participantes del evento exigen también que las autoridades de los tres niveles de gobierno implementen programas de recuperación de saberes ancestrales para afrontar el estrés hídrico; el cese de concesiones mineras y de hidrocarburos; así como priorizar la titulación colectiva de las comunidades campesinas, devolviendoles el carácter de inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad.
En cuestión de derechos colectivos, los representantes demandaron que la gestión y control de sus recursos hídricos pase a ser parte de las funciones de las comunidades en aplicación del convenio 169. Por otro lado, exigen la modificación de la ley de consulta previa, para que se adecúe a los estándares internacionales y la decisión de las comunidades sea de carácter vinculante.
Finalmente se exige la implementación de la Agenda Mujer de Puno que contempla ejes programáticos de economía, ambiente, lucha contra la violencia, salud, educación, participación y democracia. Asimismo, la implementación de la Ley N° 30982, que garantiza la participación del 30% de mujeres en las juntas directivas comunales.
SOLIDARIDAD FRENTE A LA VIOLENCIA ESTATAL
Las autoridades comunales y los representantes de las organizaciones sociales de Puno se solidarizaron con las victimas y familiares de los afectados por la represión estatal que ocurrió durante las manifestaciones que ocurrieron entre diciembre y marzo de este año. Demandando justicia, reparación y el cese de la criminalización de líderes y lideresas que tienen abiertas múltiples investigaciones.
Puno fue una de las regiones con mayores víctimas por la represión policial y militar del gobierno de Dina Boluarte. El 9 de enero en la ciudad de Juliaca, la violencia estatal dejó más de 20 víctimas fatales, cuyas muertes aún no han sido esclarecidas y cuyas familias continúan exigiendo justicia.
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