Tania Pariona, congresista de la República, hace un balance sobre la participación de las mujeres indígenas en la gestión de su territorio
Por: Estelí Reyes Leyva – Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra
¿Cuál es la situación de la participación de las mujeres indígenas en la gestión del territorio?
Quiero reconocer el trabajo que han venido desarrollando las mujeres indígenas organizadas a lo largo de todo el territorio nacional, esto incluye a mujeres andinas y amazónicas por reivindicar y poner en vigencia un derecho vertebral para los pueblos indígenas, pero que sin su voz, no tendría sentido, ya que las mujeres componen el 50% de toda la población indígena.
Sin embargo, de ese 50% ¿Cuántas mujeres indígenas estamos ocupando espacios de poder, de decisión y de conducción? Ahí es la brecha que todavía mantenemos y que la arrastramos desde 1920, donde nuestras comunidades no tenían siquiera algún tipo de reconocimiento, por el contrario, éramos tratadas como incivilizadas.
Hoy más que antes en las zonas rurales, sobre todo agrícolas, son las mujeres las que están liderando el trabajo de campo en la agricultura, porque la figura masculina, se ve obligada, cada vez más, a buscar otros trabajos que les permita tener mejores ingresos, como por ejemplo: la minería, albañilería, o migrar a las capitales para trabajar de obrero, etc. En ese contexto, son las mujeres las que se están quedando para aporcar, para regar, para cosechar. Eso yo lo veo y lo vivo en carne propia, porque en mi pueblo, las mujeres hacen un trabajo duro y muy sacrificado. Cuando uno pregunta, hermana, ¿dónde está su esposo?, debería estar acompañándola, haciendo el trabajo de siembra. No, él está trabajando lejos me responden y terminan siendo las mujeres las que trabajan la tierra, pero no teniendo el derecho sobre la tierra y menos la titularidad. La tenencia, que les permitiría sentirse parte de y no solo un medio para.
Cuando se trata de representar a la comunidad en alguna actividad, siempre preguntan por el jefe de familia, y normalmente los jefes de familia, los que figuran en los padrones, los titulares de las tierras, son los hombres.
Hoy las mujeres, pese a estar en un estado de vulnerabilidad, porque no hay políticas, porque el Estado no las protege y no las reconoce como actoras, sin embargo sí lo son, Ellas son actoras, son ciudadanas que tienen propuestas, que están generando cambios muy sustantivos para sus pueblos.
Por ello, desde el despacho, hemos venido exigiendo a través de oficios al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Agricultura, para que nos reporten, cuánto se ha avanzado en la titulación de las comunidades, pero también está la necesidad de que las mujeres puedan ser sujetos de derechos, dentro de las decisiones de las directivas comunales.
Desde el legislativo, ¿Cómo se viene abordando esta problemática?
Creo que tenemos un gran desafío permanente desde el parlamento. Uno para fiscalizar los avances de algunos programas específicos como el de la titulación de las comunidades, tanto andinas como campesinas y en ese proceso de titulación, garantizar la participación efectiva de las mujeres, para marcar hitos, para sanear las demarcaciones, el problema de linderajes, el recorrido del territorio, etc. Esto no es solo de las autoridades que en su mayoría también son hombres, como los presidentes comunales, o el equipo técnico especializado de las instituciones del Estado, esto también involucra a las mujeres, para que podamos ser parte del proceso de la titulación.
Uno de los proyectos de ley que hemos presentado, tiene que ver justamente con la participación de las mujeres en las directivas comunales, a partir de cambios muy concretos a la ley de comunidades campesinas, para incluir la figura femenina como comunera calificada, que es uno de los requisitos que establece el estatuto comunal. Esta nueva condición, le permitiría a la mujer ser elegida para la directiva comunal, acceder a sus derechos de herencia y participar en la toma de decisiones de su comunidad.
Hemos podido observar, que dentro de la comunidad yace la necesidad de reflexionar profundamente sobre esto. No hay intención de reemplazar a los hombres, no hay intención de creernos superiores a los hombres, ni mucho menos excluirlos, lo que se exige es que tanto las mujeres como hombres, participen de manera equitativa, de manera igualitaria y el proyecto de ley lo dice incluso en términos de nuestra legislación nacional, que un 30% sea el criterio para la participación en las directivas comunales. Creer que las mujeres no tienen capacidades, es un error, hoy las mujeres en las comunidades, mujeres andinas y amazónicas están liderando procesos importantes en sus pueblos, están liderando la lucha por el agua, por el territorio, por la nutrición de los niños, por la soberanía alimentaria, por tener agua limpia. Son las mujeres las que están en la búsqueda de oportunidades de desarrollo económico.
¿Cuál es el estado de la propuesta legislativa?
El proyecto de Ley, lamentablemente fue truncado en la Comisión Agraria. ¿Cuál fue el argumento?, que por tratarse de una modificación a la Ley de Comunidades Campesinas, requería de un proceso de consulta previa a las comunidades. Eso es, algo hipócrita por parte de Fuerza Popular, porque son ellos los primeros, en estar en contra de la consulta legislativa. Es decir, no aprueban la ley de consulta legislativa y exigen que un proyecto de ley, que además va a contribuir con la participación efectiva de las mujeres, se trunque porque tiene que pasar por un proceso de consulta a las comunidades.
Nosotros hemos observado eso y llamado la atención en la comisión agraria, en ese entonces precedida por la congresista Gladys Andrade, porque además la comisión se inhibía, es decir no opinaba, no decía nada, no hacía nada y eso es un precedente negativo, malísimo, porque la comisión agraria, tiene como responsabilidad abordar cambios legislativos sobre la ley de comunidades campesinas, eso es parte de su competencia, así como lo es del Ministerio de Agricultura por ser el ente rector, entonces, no puedes inhibirte, eso es hasta ofensivo. Yo creo que aquí el equipo técnico procedió mal y eso truncó la propuesta.
Ahora, en el actual periodo legislativo, el nuevo presidente es el congresista Pariona Galindo, con él estamos coordinando. Le hemos aclarado que no nos negamos al proceso de consulta, es más, las organizaciones indígenas nacionales, que tienen presencia en territorios andinos, porque en este caso se trata de modificar la ley sobre comunidades campesinas, pueden participar de la consulta. Hay experiencias donde la gente está exigiendo reflexionar su propia situación, en regiones como Ayacucho, Puno, Apurímac, Huancavelica, entre otros. Entonces, que convoquen a una mesa de trabajo con la CCP, la CNA, la ONAMIAP, la FEMUCARINAP, con las directivas comunales actuales si gustan y que en adelante se dictamine este proyecto de ley a favor.
No olvidemos que el 30% de cuota para incorporar en las directivas comunales, es lo que está ya normado en nuestro país, para gobiernos locales y regionales ya se estipula, nosotros aspiraríamos incluso a que fuera 50%, pero dado que la norma vigente es 30%, nos estamos remitiendo a ella, pero si en caso la mesa de trabajo o las organizaciones indígenas nos digan no, para nosotros es 50% yo creo que podríamos subir el porcentaje, por un criterio de paridad, pero además no es todo, porque estamos en una correlación de fuerzas políticas desventajosas, porque está totalmente comprobado que la fuerza mayoritaria, el partido que todavía tiene mayoría en el parlamento, no cree en la paridad, no cree en la igualdad de género, no cree que las mujeres, lamentablemente por la desigualdad actual, todavía requieren de mecanismos como las acciones afirmativas, que permitan igualar esas condiciones, no lo creen.
Entonces teniendo a un conjunto de congresistas, además mujeres que se niegan rotundamente a esta realidad, no hay siquiera confianza de que el debate pueda estar en el nivel correspondiente y realmente a mí me llama mucho la atención, porque ante una realidad de desigualdad de discriminación, de exclusión desde las propias normas, desde su aplicación y desde criterios comunes, hasta actitudes discriminatorias sexistas, misóginas y racistas, no tengamos un mínimo de conciencia sobre la importancia de una propuesta como la que hemos presentado. Una propuesta que nace de las hermanas de ONAMIAP, que además tiene un plus de legitimidad porque no es una iniciativa al antojo de una congresista, sino porque es una demanda sentida, es una propuesta planteada desde la sociedad civil organizada, en eso recae su importancia.
Mientras llega la ley ¿De qué otra forma se puede ir avanzando en los procesos de participación de la mujer en la gestión de su territorio?
Es importante mostrar que, comunidades en Ayacucho, en la zona de Soncos, Vinchos, Kispiyacta, han decidido revisar sus estatutos y no son las únicas. Donde la gente es consciente de esa brecha, viene haciendo la modificación a sus estatutos. En algunos casos han empezado por debatir, por dialogar y a revisar qué dice el estatuto y cómo quisieran que fuera en adelante. Eso es importantísimo, ponerla incluso dentro de la evidencia, porque hay quienes creen que los estatutos son intocables, que la ley de comunidades es la que existe y ya.
No es posible que por ejemplo que las autoridades tradicionales, estén excluidos de las actividades cívicas, protocolares y de la participación en la gestión pública. Pero no solo eso sino también con los roles de las mujeres y de la participación de los jóvenes. Si revisamos los estatutos es abrir una caja de pandora, porque hay varios temas, así como preocupa por ejemplo que en algunos estatutos comunales se permita la conciliación o la negociación respecto a casos de violencia o de violación a menores o a mujeres y eso es crudo.
Yo reconozco la capacidad y el derecho a la justicia propia de los pueblos, en términos de ejercer sus derechos jurisdiccionales, pero ya cuando vemos como las niñas, están siendo vulneradas en su integridad, en su vida, porque hay casos de feminicidio y no tengamos una norma interna que permita prevenir, pero también sancionar un delito, eso sí preocupa.
Yo creo que más allá de proponer salidas desde los políticos, desde el ejecutivo, desde los ministerios, hay la profunda necesidad de que en las comunidades se inicien estos debates, porque en toda la historia peruana, en relación a las comunidades indígenas, campesinas originarias, siempre la definición sobre los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, sobre la identidad de las comunidades y pueblos indígenas, han sido de terceros. Siempre han sido desde los académicos, los científicos, los políticos, pero se ha dejado a un lado la autodeterminación de los pueblos, desde la autoidentificación misma, de cómo los pueblos quieren identificarse, cómo los pueblos quieren ser reconocidos. Y eso ya no debe repetirse y menos en un siglo veintiuno en donde hay derechos consagrados en convenios internacionales, en donde los pueblos indígenas son más bien actores estratégicos para lograr una gobernanza territorial, en donde las mujeres pueden cumplir un rol importantísimo para que esa gobernanza no nos conduzca al desmantelamiento de los territorios, sino al uso sostenible de los recursos, de la organización, del ordenamiento y de todo lo que esto significa.
Es lamentable oír decir a algunos congresistas “esos pueblos pobres necesitan de nosotros y que requieren así, asá” yo les digo ¿tú le has preguntado lo que quiere ese pueblo?, “están en total abandono y por eso vamos a conectar una carretera”, ¿les has preguntado si su prioridad es la carretera? ¿La carretera es lo que realmente va a resolver lo que este pueblo necesita? Por ejemplo, mi pueblo no tenía carretera y cuando tuvo, llegaron más problemas, porque si el Estado sigue siendo ausente, construir una carretera no soluciona.
¿Cuál es la tarea pendiente?
Desde mi condición indígena, además siendo parte de procesos organizativos, desde lo local hasta lo internacional, hay la necesidad de mirar de manera propositiva y con una agenda también legislativa. Todo este tiempo nuestro actuar ha estado enmarcado en defendernos. Que se apruebe tal y luchando por que se derogue tal, casi siempre en la defensa. Claro que hay necesidad de hacerlo, porque pareciera que las leyes van en contra de los pueblos, en desmedro de los derechos, de las comunidades, pero también necesitamos mostrar que hay una agenda legislativa de los pueblos indígenas. El pacto de unidad de alguna manera lo ha construido, pero necesitamos trabajar cada propuesta y no esperar que alguien lo haga y de cara al Bicentenario, los pueblos indígenas no podemos estar ausentes.
Uno solo para celebrar el bicentenario, sino para decir que hay una agenda histórica totalmente invisibilizada, secundaria para el gobierno y para los políticos que creen que los pueblos siguen siendo una traba para el desarrollo, lo cual es totalmente falso y entonces si necesitamos mirar por ejemplo la necesidad de tener una nueva constitución con rostro indígena, con rostro también intercultural. No queremos seguir siendo invisibles e invisibilizados, por eso la necesidad de una agenda, para decir ésta es nuestra propuesta y vamos por esto.
Desde el despacho, vamos a empezar en ello, en tener una ley nacional de los derechos de los pueblos indígenas. Entiendo que algunas organizaciones han venido trabajando esto hace tiempo y puede materializar de cara al bicentenario. Eso yo creo que será fundamental, así no tengamos un escenario para lograr aprobarlo, creo que deberíamos tener una propuesta. Así, entre quien entre el siguiente periodo, no necesita inventar la pólvora y sepa que hay una propuesta que la hemos trabajado. Es el mayor reto que tenemos desde este despacho.
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